Escrito por: Magnolia Cabrera
Integrante de Somos Ciudadanía.
En los últimos años, el Perú ha enfrentado una serie de eventos políticos y sociales que han puesto en entredicho la estabilidad del Estado de Derecho y el buen funcionamiento de la democracia en el país. Estos sucesos han generado dudas sobre el fortalecimiento de las instituciones que sostienen el sistema peruano, a pesar de contar con una constitución que protege los derechos fundamentales y respalda la democracia como forma de gobierno. De este modo, la inestabilidad política, la creciente desconfianza en las instituciones y la polarización social se han convertido en los principales desafíos que enfrenta el Perú hoy en día. Así que, aunque la democracia formal continúa vigente en el Perú, el Estado de Derecho se ve cada vez más comprometido debido a la corrupción, falta de confianza en las instituciones y persistente crisis de gobernabilidad.
La corrupción continúa siendo un desafío clave en el sistema peruano. Esto se refleja en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que Perú ocupó el puesto 94 de 180 países a nivel mundial en 2023, con un puntaje de 37 sobre 100. Además, la Contraloría General de la República (2024) estimó que los costos asociados a la corrupción en el sector público alcanzan cerca de S/ 24,268 millones. Este problema ha involucrado a aproximadamente 9,338 funcionarios públicos de los distintos niveles de gobierno, quienes se encuentran presuntamente implicados en irregularidades que han dado lugar a casos de corrupción e inconducta funcional.
En este contexto, podemos observar cómo la corrupción conlleva a la politización del sistema judicial, al involucrar funcionarios e influir en decisiones judiciales con fines políticos. Esta situación debilita el principio de separación de poderes, fundamental en cualquier democracia, y contribuye a la impunidad de quienes cometen actos ilícitos. Un sistema judicial cooptado por intereses políticos no solo pierde su independencia, sino que además puede convertirse en un mecanismo de persecución selectiva, favoreciendo a ciertos actores y castigando a otros según conveniencias políticas.
Por otro lado, la inestabilidad política, se puede considerar como uno de los mayores obstáculos para un buen funcionamiento de la democracia en el Perú en tanto se experimente constantes crisis cíclicas referidas a la destitución de presidentes. Desde 2016, este fenómeno político ha surgido debido al uso indebido por parte del Congreso de la figura constitucional de la vacancia presidencial, lo que ha provocado constantes crisis de gobernabilidad en el país. Esto ha alterado el equilibrio de poderes del Estado, permitiendo que el Parlamento, de manera radical, se imponga sobre el Ejecutivo. Asimismo, la evidencia queda registrada en las encuestas de INEI (2023), que para el 2024, el Congreso de la República y los Partidos Políticos cuentan con un 91.2% y 93.1% de desconfianza respectivamente, lo que refleja cómo la falta de estabilidad política afecta directamente a un gobierno democrático institucional.
En este sentido, al igual que en una cadena, si uno de sus eslabones es débil, existe el riesgo de que se rompa. Así ocurre con el funcionamiento de la democracia peruana, donde persiste un eslabón frágil: la polarización social. Esta división genera tensiones políticas y sociales, lo que afecta la cohesión y el entendimiento mutuo entre la ciudadanía. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, el 69% de los peruanos considera que el país está más dividido que nunca, con tensiones crecientes entre los distintos sectores sociales. Además, persiste una notable desconfianza en las instituciones del Estado, que no logran reflejar adecuadamente los intereses de la población. Este clima de polarización dificulta el diálogo y la colaboración entre los actores políticos, lo que pone en peligro tanto la estabilidad democrática como el respeto al Estado de Derecho.
En conclusión, aunque la cadena (democracia peruana) sigue existiendo y no se rompe aún por estar respaldada constitucionalmente, el Estado de Derecho en nuestro país enfrenta serias amenazas que deben ser abordadas para garantizar su estabilidad a largo plazo. La inestabilidad política, la corrupción dentro de las instituciones y la creciente polarización social son factores que debilitan la democracia y ponen en peligro la aplicación justa de la ley. Si bien la democracia peruana tiene una sólida base legal, solo a través de un compromiso renovado con los principios democráticos, una reforma integral del sistema judicial y el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones, el país podrá superar estos desafíos. Es necesario un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y las fuerzas políticas para restablecer un Estado de Derecho firme y una democracia robusta en el Perú.
Referencias:
Contraloría General de la República. (2024). Corrupción e inconducta funcional habrían ocasionado pérdidas por S/ 24 268 millones en el 2023. Obtenido de https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/912182-corrupcion-e-inconducta-funcional-habrian-ocasionado-perdidas-por-s-24-268-millones-en-el-2023
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. Perú. Obtenido de https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/gobernabilidad-febrero-2023-j.pdf