Escrito por: Jorge Cornejo
Presidente de Somos Ciudadanía
“Cuando no se protegen las instituciones, la libertad puede desaparecer en pocos años” – Félix Maradiaga
Institucionalidad pareciera un concepto abstracto, lejano y de poca utilidad, un término complejo, propio de la academia y que solo sirve para los discursos o debates políticos; pero no es así, este “concepto” es de gran importancia y tiene un impacto directo en nuestras vidas, su destino rige nuestra libertad y desarrollo.
En simple, debemos entender por institucionalidad a las reglas (normas, estructuras y organizaciones) que permiten funcionar bien a una sociedad. Para ello, todos debemos conocer estas reglas y respetarlas; de haber desacuerdos se deben resolver de manera justa y sin trampas; y si alguien no las cumple o quiere cambiarlas para su beneficio, pagar las consecuencias.
Existen diversos estudios que evidencian la relación entre la institucionalidad de un país y la libertad y desarrollo de sus habitantes. Entre mayor calidad o respeto a estas reglas, mejor es la convivencia en sociedad, generando más confianza y prosperidad; y, cuando estas reglas no se respetan o se cambian a voluntad, se cometen abusos y se les roba la esperanza de un mejor futuro a quienes más lo necesitan.
Uno de estos estudios es el Índice de Calidad Institucional – ICI que realiza RELIAL, que en su edición del presente año identifica como los 05 primeros países del mundo que tienen mejor calidad institucional a Dinamarca, Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda y Noruega (muy parecido a los años anteriores), y en el caso de América, se ubican Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile y Costa Rica, países de los cuales no hay duda del avance de su democracia, funcionamiento de sus instituciones, respeto a las libertades y el bienestar de su población.
Asimismo, muestra en lo último de la tabla a Bolivia, Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, países que comparten gobiernos autoritarios o totalitarios, en donde se restringen libertades, cambian constantemente las reglas del juego, el ejecutivo se ha apoderado del poder legislativo y judicial, no existen organismos independientes, persiguen a quienes se oponen, y la ciudadanía padece arbitrariedades (salvo Haití que hace muchos años es considerado un Estado fallido, cuya institucionalidad y gobierno ha colapsado).
Y si bien este deterioro de institucionalidad es más profundo en los últimos países mencionados, no son los únicos donde se lleva a cabo. En América Latina la institucionalidad viene siendo atacada o desmoronada desde dentro, por las propias autoridades, ya sea para quedarse en el poder o lograr impunidad durante y después de sus mandatos, en algunos casos lo hacen a través del populismo, pero en la mayoría de veces a espaldas y en contra de la población.
Principalmente, con sus matices, estos ataques a la institucionalidad van desde una actuación de las autoridades al margen de la ley, baja o nula rendición de cuentas (o resistencia a ella, atacando a quienes buscan información), intromisión en las competencias o decisiones de otros poderes del Estado u órganos independientes, preferencias o ventajas a determinados sujetos cercanos a la autoridades (corrupción), minimizar o repeler los actos de participación ciudadana (incluso llegando a la muerte), y cambio constante de las “reglas del juego” (normas) según la voluntad o capricho de las autoridades para su beneficio.
Ahora, entendiendo qué es la institucionalidad, qué nos permite y qué condiciones genera a la población el cumplimiento de estas reglas (libertad y desarrollo), así como cuáles son las consecuencias de su deterioro, probablemente nos hagamos la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede evitar o frenar su debilitamiento?
La respuesta inmediata a esta interrogante se encuentra en la ciudadanía y es involucrarse; desde el sitio donde podamos, en las juntas vecinales sobre nuestras alcaldías, en los centros de trabajo donde ejercemos nuestro oficio o profesión, en las escuelas, desde la sociedad civil, en los partidos o donde se toman las decisiones; todo frente es importante y no debemos cederles espacio, porque si les dejamos libre el camino o nos damos por vencidos, seguirán buscando beneficios propios, como ya lo vienen haciendo, a costa de nuestras libertades y progreso, frustrándonos el presente, robándonos nuestro futuro. Es hora de recuperarlos. La historia nos ha demostrado que podemos hacerlo, con una ciudadanía organizada no hay arbitrariedad que dure para siempre.
Dando este primer paso, en búsqueda de una institucionalidad democrática, se podrá priorizar en la agenda pública la consolidación o generación de un verdadero sistema de justicia, estabilidad del marco normativo, independencia y balance de poderes, así como de mecanismos que aseguren una rendición de cuentas efectiva de las autoridades hacia la ciudadanía.