Escrito por: Ayme X. Moran
El urbanismo en el Perú atraviesa un momento crucial y trágico, donde las decisiones tomadas en torno al uso del suelo, la planificación de ciudades y la infraestructura determinarán el futuro de millones de ciudadanos. No se trata solo de levantar edificios o construir pistas, sino de realizar diseños integrales pensados en la ciudadanía. En este contexto, la reciente Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (LDUS), la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) 2021–2030, así como los nuevos Planes de Desarrollo Urbano (PDU), ponen en debate la urgencia de pensar la ciudad como un bien común y no como un producto sometido al mercado inmobiliario.
Sin embargo, la expansión improvisada, desordenada, la precariedad de los servicios y la exclusión siguen siendo brechas en el territorio nacional. Por ello, no puede hablarse de progreso urbano cuando se producen desigualdades, segregación y deterioro ambiental; es decir, la nueva agenda de urbanismo en el Perú, asumida desde un enfoque humanista y sostenible, debe concebirse como un proyecto transparente, donde el derecho a la ciudad y la equidad para acceder a servicios básicos urbanos sean indispensables.
La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo (PNVU) propone un modelo compacto, equitativo y resiliente, donde el suelo urbano se gestione en función del interés público. De igual manera, la LDUS (2021) busca regular la ocupación del territorio para reducir riesgos ambientales y sociales, a través del crecimiento urbano ordenado y la integración del transporte sostenible.
Este marco normativo implica un cambio hacia lo que se conoce como urbanismo sostenible, en el que no solo se prioriza la infraestructura física, sino también a la ciudadanía. Aquí, un espacio urbano deja la percepción como área de actividades económicas, y pasa a ser concebido como un espacio que articula cultura, medio ambiente y equidad social.
Al igual que la Encíclica Laudato Si’ en materia ambiental, el nuevo urbanismo también formula una crítica al modelo extractivista y expansivo que ha marcado las ciudades peruanas. Lima, por ejemplo, ha crecido bajo una lógica de “invasión y expansión” sin planificación suficiente, generando una ciudad fragmentada y desigual. El desafío radica en pasar de un urbanismo que anticipe el crecimiento poblacional y la demanda de servicios en armonía con el ambiente.
En el Perú, sin embargo, la realidad muestra lo contrario, periferias sin servicios básicos, asentamientos informales en zonas de riesgo y barrios que carecen de parques o espacios de recreación. Esta situación evidencia que el urbanismo no puede limitarse a lo técnico, sino que debe ser un acto de justicia social, subordinando el interés privado al bienestar colectivo.
De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, cerca del 70 % del crecimiento urbano es informal en el Perú, lo que muestra un déficit de planificación y control estatal. El PDU de Lima Norte, propone ordenar este crecimiento porque su meta es transformar ocho distritos en un polo logístico-industrial, articulado al Puerto de Chancay y al futuro Tren de la Costa. Aunque estas inversiones pueden dinamizar la economía, el reto es que no se conviertan en proyectos excluyentes que desplacen comunidades, contaminen o beneficie a un pequeño sector.
Otro eje central de la nueva agenda es la integración del factor ambiental en cualquier proyección urbana, en ciudades como Lima o Trujillo enfrentan graves problemas de contaminación, congestión vehicular y déficit de áreas verdes. Actualmente, la agenda urbana exige políticas públicas que incorporen transporte masivo limpio e integrado, recuperación de riberas y protección de ecosistemas urbanos.
Proyectos como los Parques Culturales Bicentenario ofrece espacios públicos a los ciudadanos y descentralizar la cultura en espacios verdes. Asimismo, la “Hoja de Ruta hacia una economía circular en agua potable”, recientemente aprobada, busca que los sistemas de saneamiento urbano se conviertan en plataformas de sostenibilidad.
Entonces, el verdadero reto no está solo en crear normas o diseñar planes, sino ejecutarlos de forma efectiva. Como señala ONU-Hábitat, el principal problema en América Latina es que lo prometido no es que se hace.
En el Perú, la débil institucionalidad, la corrupción y la nula coordinación gubernamental retrasan el desarrollo de proyectos urbanos. Además, al no participar la ciudadanía en la planificación genera que muchos planes se perciban como imposiciones y no como proyectos urbanos colectivos.
Por último, la nueva agenda de urbanismo en el Perú no es una moda política, sino una necesidad social, porque el urbanismo debe asumirse como una justicia urbana, es decir, el derecho de todos y todas a habitar ciudades inclusivas, seguras y sostenibles. El reto es transformar un modelo urbano, que en los últimos años ha producido desigualdades en un sistema donde el suelo, la vivienda y el transporte deben ser gestionados como bienes públicos de forma integral. Además, un cambio cultural en la política que ubique la dignidad humana en el centro del diseño urbano.