Justicia ambiental en comunidades peruanas, minería y derechos territoriales

Justicia ambiental y Laudato Si’: Una mirada ética y urgente desde el Perú

Escrito por: Ayme X. Moran

La crisis ambiental global se ha propagado fuera del ámbito ecológico para convertirse en una cuestión moral, social y de tinte político que exhorta a todos los sectores de la sociedad. En esta situación, la Encíclica Laudato Si’ del papa Francisco propone una ecología integral que vincula el respeto por la naturaleza con la justicia social, lo cual es de suma importancia en contextos de nuestro país, donde la degradación ambiental avanza de una forma precipitada. El hecho es que, diversos actores sociales, tanto religiosos como laicos, coinciden en que el respeto al medio ambiente es un deber ético ligado a la dignidad humana.

Sin embargo, el modelo extractivista, la corrupción y la impunidad ambiental siguen problematizando una acción sostenible y equilibrada de los recursos naturales, pero ¿Podemos aspirar a un desarrollo verdaderamente humano mientras se profundizan las brechas ecológicas y sociales por el tan ansiado progreso económico? Considero que la justicia ambiental, entendida desde una perspectiva humanista como el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y equilibrado, es un principio inevitable en el debate público, en particular si se asume desde la propuesta reconstructiva de la conducta humana de Laudato Si’ a favor del ambiente.

En cuanto a la Encíclica Laudato Si’, se formula bajo una crítica ética y espiritual al modelo de desarrollo como causante de una crisis socioambiental sin precedentes. Para comenzar, el papa Francisco afirmó que la casa común “clama por el daño que le provocamos” a través del uso negligente de sus bienes. Este enfoque implica reconocer que la degradación ambiental y la pobreza son secuelas del mismo sistema que prioriza el beneficio económico sobre la vida humana y natural.

Ahora bien, la propuesta de “ecología integral” no solo trata sobre la conservación ecológica, sino que exige reconsiderar el modo de vida, sistema de producción y sistema de gobierno que mantiene las desigualdades. En ese sentido, la Encíclica relaciona directamente el daño ambiental con la injusticia hacia los más pobres, porque son los primeros afectados por los efectos del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

A propósito, informes internacionales y la realidad nacional muestran que el deterioro ambiental está aumentado la brecha de desigualdad, que pone en agenda urgente una transición justa. Según el reporte de Global Resources Outlook en el 2024, el 20 % de la población con mayor riqueza mundial consume más del 70 % de los recursos materiales, generando desproporcionadamente los impactos negativos a la ecología. Por esta razón, se forma un modelo de consumo injusto e insostenible opuesto al principio de equidad ambiental, el cual señala que todos tenemos derecho al acceso justo y equitativo a los bienes naturales.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que existe una brecha entre los compromisos adoptados para la reducción de emisiones y las acciones reales emprendidas por los Estados. Por tal motivo, la incongruencia entre lo planificado y puesto en práctica se refleja en repercusiones ambientales que afectan específicamente a los países en desarrollo, que carecen de infraestructura y recursos financieros.

Por otro lado, el desarrollo del derecho ambiental ha sido progresivo, con hitos como el Acuerdo de Escazú, que protege los derechos de los defensores ambientales. Es decir, los derechos humanos desde un enfoque ambiental ahora es un instrumento efectivo para exigir justicia ambiental, ya que vinculan directamente el daño ecológico con la violación de derechos fundamentales.

En el Perú, la situación es grave debido a la expansión de actividades ilícitas como la tala y la minería ilegal que destruyen ecosistemas frágiles y pone en riesgo comunidades enteras. Se advierte que estas actividades ilegales no solo dañan el ambiente, sino que están estrechamente vinculadas a redes de corrupción, trata de personas y otros delitos conexos que dan continuismo la impunidad y la desigualdad. Asimismo, en la Amazonía peruana y las reservas naturales siguen siendo blanco del extractivismo que transgreden los derechos de pueblos indígenas y defensores ambientales.

Al analizar el contexto actual, resulta evidente que no basta con implementar normas ambientales, se requiere una voluntad política real y un cambio comportamental con un alto índice de valoración de la naturaleza. En efecto, Laudato Si’ hace un llamado a la conexión de la espiritualidad con la acción concreta. En definitiva, la justicia ambiental no es una “moda moral”, sino una obligación ética y política.  

Referencias:

CEPAL. (2018). Acuerdo de Escazú. https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

Mongabay Latam. (2025). Desafíos ambientales en Perú: Urge una lucha eficaz contra economías ilícitas. https://es.mongabay.com/2025/01/desafios-ambientales-peru-urge-lucha-eficaz-contra-economias-ilicitas/

Papa Francisco. (2015). Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común. Vaticano.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Emissions Gap Report 2024. Nairobi.

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Global Resources Outlook 2024: Bend the Trend. Nairobi.